ESCÁNDALO: HALLE Y ROMERO DESIGNAN A SU ALFIL EN LA PAZ COMO FISCAL CIVIL
La reciente designación de Guillermo Ledesma Maximino como fiscal en la ciudad de La Paz ha generado una ola de críticas y cuestionamientos en los ámbitos judiciales y políticos de Entre Ríos. Este nombramiento, realizado sin concurso previo, pone en evidencia las irregularidades y la falta de transparencia que persisten en el sistema judicial provincial, levantando sospechas de favoritismo político en su favor.
Un recorrido marcado por vínculos políticos
Con más de 20 años de trayectoria al servicio de Rosario Romero y José Carlos Halle, Guillermo Ledesma Maximino consolidó su posición dentro de la administración pública provincial. Durante los últimos seis años, ocupó el cargo de Secretario Legal y Administrativo en el Ministerio de Gobierno, bajo la dirección de Rosario Romero.
Sin embargo, su polémico recorrido no termina ahí. En 2023, mediante un decreto denunciado que lleva la firma del entonces gobernador Gustavo Bordet y la ministra Romero, Ledesma fue “reubicado” al Poder Judicial como relator titular de la Procuración General, también sin concurso público.
Esta decisión fue avalada en una escueta resolución emitida por el Procurador Jorge García, lo que despertó críticas tanto dentro como fuera del ámbito judicial, ya que este traslado de la esfera provincial al Poder Judicial contradice los principios de transparencia y meritocracia exigidos para tales designaciones.
Designación sin concurso como fiscal
El nuevo capítulo en esta historia se dio con su designación como fiscal en la ciudad de La Paz, nuevamente sin la realización de un concurso público. Este nombramiento, señalado como irregular por diversos sectores, refuerza la idea de que el sistema judicial está siendo utilizado como un espacio de reubicación política y no como un ámbito donde prevalezca el mérito y la profesionalidad.
Reacciones y críticas
La designación de Ledesma Maximino ha generado un amplio rechazo por parte de organizaciones civiles, actores judiciales y referentes políticos, quienes han calificado este nombramiento como un nuevo ejemplo del uso arbitrario de los cargos públicos en beneficio de personas cercanas al poder político.
En palabras de algunos críticos, “la justicia de Entre Ríos no puede ser el patio trasero del poder político. Las designaciones deben cumplir con estándares de transparencia y legalidad, y no estar al servicio de intereses particulares”.
La falta de concursos y el riesgo institucional
Casos como este no solo socavan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, sino que también evidencian un debilitamiento institucional en el que los procesos administrativos son manejados con discrecionalidad. La ausencia de concursos públicos abiertos y competitivos para cargos de tal relevancia refleja un preocupante desdén por las normas básicas que deberían garantizar la imparcialidad y la eficiencia en el Poder Judicial.
Conclusión
El escándalo en torno a Guillermo Ledesma Maximino y su designación como fiscal sin concurso, tras haber sido reubicado del Poder Ejecutivo al Poder Judicial mediante un decreto firmado por Bordet y Romero, deja al descubierto las irregularidades que afectan al sistema judicial en Entre Ríos.
Es imprescindible que se revisen y fortalezcan los mecanismos de selección de funcionarios judiciales, garantizando procesos basados en el mérito, la transparencia y el cumplimiento estricto de las normas. Solo así se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y evitar que el poder político siga utilizando estos espacios como herramientas de reubicación arbitraria.