Grupo Martínez S.A. es una empresa encabezada por Mariano Martínez quien hasta 2019 trabajaba como contratado municipal en Santa Elena en la gestión de Silvio Moreyra y contaba con conocimientos básicos de albañilería. Sin embargo, y llamativamente para todos, Martinez se convirtió en la cara visible de un proyecto multimillonario en dólares del sector agroindustrial y de la construcción, que, según fuentes cercanas, estaría financiada por Silvio Moreyra.

El ascenso meteórico de Grupo Martínez S.A. y su conexión con Moreyra despiertan serias dudas sobre el origen de los fondos que han posibilitado este crecimiento.
Su llamativa expansión, ahora se asocia con TAMEFIR, una empresa especializada en silos y almacenamiento agrícola. Ambas compañías han aparecido juntas en promociones, como en una reciente presentación en Agroactiva 2024, donde Mariano Martínez fue presentado junto al ingeniero Víctor Cossovich de TAMEFIR. 

Este vínculo entre empresas despierta sospechas, dado el capital que manejan, inusualmente alto para personas sin experiencia empresarial significativa previa. Esta asociacion seria la compra por parte del grupo de una empresa del rubro que cotiza en millones de dolares.

Moreyra y Martínez habrían construido un imperio económico bajo el nombre de Grupo Martínez S.A, por eso, denunciaran por posible financiamiento ilegal, evasión fiscal agravada y lavado de activos. Ya que estas empresas manejan un capital que resulta incongruente con el salario de un funcionario público y el perfil de un excontratado municipal.

Moreyra comenzó su carrera como un empleado de la fotocopiadora en el Senado de Entre Ríos, pero con el tiempo logró escalar posiciones y consolidar su influencia a través del gremio APLER. Aunque este gremio tiene pocos afiliados, ha mantenido, en alianza con el gremio de los judiciales, un control férreo sobre la presidencia de IOSPER (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos). Moreyra es conocido por su estilo de vida lujoso, que incluye viajes frecuentes a Brasil — donde se especula que posee un emprendimiento hotelero — y una colección de caballos de carrera de alta gama registrados en el Stud Book Argentino, el prestigioso registro de los pura sangre más valiosos del país.

“Otro mes de altísimos descuentos en los salarios docentes”, expresó el dirigente del MST en su cuenta de X y apuntó que se registraron descuentos de hasta 300 mil pesos. “El Gobierno de Frigerio fue un paso más allá y descontó a directivos y docentes que no hicieron paro. Con esto busca disciplinar a quienes este año dieron la batalla en defensa de la educación y salarios dignos”, advirtió.

Remarcó que se trata de “un ataque directo al derecho constitucional a huelga”, al tiempo que remarcó que “estos descuentos inexplicables en salarios bajísimos son una provocación”. En ese sentido preguntó: “¿Frigerio podría vivir con un salario docente?”

Reclamó a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que efectivizó el fondo de huelga “para paliar solidariamente los descuentos” y que convocó asambleas “para generar un nuevo plan de lucha”. También entendió que debe nacionalizarse el conflicto: “La docencia sufre la extorsión del gobierno, la respuesta no debe hacerse esperar, Ctera tiene que activar la solidaridad de toda la docencia del país”, publicó Apf Digital.

Tras exigir “la devolución inmediata de los días descontados”, el MST Entre Ríos y Alternativa Docente denunciaron “la brutalidad de esta maniobra” y se pusieron “a disposición de la lucha necesaria para organizar la bronca”.

“Sólo con asambleas, acciones directas y organizando la bronca podemos construir el plan de lucha para que devuelvan los descuentos. No aceptamos excusas porque esto no se aguanta más. Nos encontramos el lunes 12h para rodear el CGE hasta que devuelvan lo descontado”, remarcaron.

Fuente: Analisis Digital

NdR: A Frigerio que le gusta decir como nunca antes, creemos que al menos en la historia moderna es el gobernador que se ha enfrentado como nunca antes con los docentes a menos de un año de Gobierno, Sergio Montiel en su segundo mandato tuvo un primer año de mayor convivencia. 

Ricardo Alcain.

En el debate sobre la responsabilidad de los hospitales públicos y sus profesionales, resurge la pregunta: ¿es suficiente la respuesta de la justicia cuando errores médicos y negligencias provocan daños irreversibles o la muerte? Casos recientes y pasados, como el del anestesista Riolo y el histórico del médico Ricardo Alcain, exponen las grietas de un sistema que parece ser indulgente con las instituciones y sus responsables, mientras las víctimas y sus familias enfrentan el peso del dolor y la impotencia.

El caso del anestesista Riolo: una tragedia actual

El anestesista Riolo, implicado en un procedimiento en el que falleció un paciente, se encuentra bajo investigación. Según los relatos, el hecho habría estado marcado por negligencias que involucran tanto al profesional como al hospital donde se realizó la intervención. Este caso plantea la cuestión de la cadena de responsabilidades en el ámbito de la salud pública y cómo las decisiones o acciones imprudentes pueden tener consecuencias fatales.

El caso histórico de Ricardo Alcain: VIH por transfusión de sangre contaminada

En 2001, un tribunal de Entre Ríos condenó al médico Ricardo Alcain y a dos profesionales del hospital público de Concordia por suministrar una transfusión de sangre contaminada con VIH a una mujer embarazada en 1992. La paciente, que buscaba salvar la vida de su hijo, contrajo el virus en un hospital público que no realizó los controles necesarios para garantizar la seguridad de la sangre. Los responsables fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, una pena que no se tradujo en prisión efectiva, mientras que la mujer enfrentó las consecuencias de una enfermedad incurable.

El tribunal argumentó que se trató de una "negligencia grave", pero la sanción fue condicional, lo que generó indignación entre los afectados y organizaciones de derechos humanos. Este fallo dejó en evidencia cómo la justicia tiende a ser indulgente en casos que involucran a hospitales públicos, limitándose a penas mínimas para los responsables.

Un patrón que persiste

El paralelismo entre el caso Alcain y el de Riolo es alarmante. Ambos involucran errores graves en contextos de salud pública que afectaron profundamente a las víctimas. En ambos, la justicia parece resistirse a imponer penas ejemplares que no solo castiguen a los responsables, sino que también sirvan como advertencia para evitar futuras negligencias.

La salud pública es un derecho fundamental, y su garantía implica responsabilidades que deben asumirse en todos los niveles, desde los médicos hasta las instituciones. Sin embargo, cuando la justicia opta por penas leves o simbólicas, se envía un mensaje de impunidad que perpetúa prácticas negligentes y debilita la confianza de la sociedad en el sistema de salud.

La responsabilidad del sistema de salud y la necesidad de cambios

El caso del anestesista Riolo pone sobre la mesa la falta de control, supervisión y medidas preventivas que deberían ser la norma en los hospitales públicos. Aunque cada caso tiene sus particularidades, la reiteración de estos hechos sugiere una falencia sistémica que no puede seguir siendo ignorada.

Es necesario que la justicia adopte una postura firme frente a estos hechos, dejando de lado la indulgencia que ha caracterizado casos como el de Alcain. Solo a través de sanciones ejemplares y una revisión profunda de los protocolos hospitalarios se podrá garantizar que la atención médica no sea un riesgo para los pacientes.

Reflexión final

La justicia tiene una deuda pendiente con las víctimas de la negligencia médica en hospitales públicos. Casos como el de Alcain y Riolo nos recuerdan que detrás de cada fallo hay una vida marcada por el dolor, y detrás de cada negligencia, una responsabilidad que no puede quedar impune. Es hora de que el sistema judicial y sanitario actúen con la severidad y el compromiso que exige la protección de la salud y la vida humana.

Representacion 

En un hecho que no deja de generar polémica, Gabriela Lena y los miembros de la Comisión de Juicios Políticos de Asuntos Constitucionales decidieron cerrar filas para salvar a la jueza Gisela Schumacher. La decisión, marcada por el rechazo de los pedidos de juicio político y la falta de tratamiento de una ampliación presentada, evidencia la complicidad entre los diputados y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

A pesar de los graves señalamientos de mal desempeño contra Schumacher, los legisladores optaron por resolver sin más trámite, desestimando los planteos en tiempo récord. Este tratamiento express parece confirmar las versiones que circulaban sobre un acuerdo político entre Cambiemos y sectores afines al kirchnerismo para blindar a la jueza.

El contexto no puede ser ignorado: existe otro pedido de juicio político en trámite, además de la ampliación que aporta nuevas pruebas y argumentos contra la magistrada. Sin embargo, la decisión de archivar los reclamos en forma anticipada deja en evidencia un pacto que prioriza intereses políticos sobre la transparencia y la justicia.

La jugada política no solo erosiona la credibilidad de la Comisión, sino que refuerza la percepción de que los acuerdos entre las fuerzas políticas tradicionales buscan proteger a los integrantes del sistema judicial, aun frente a denuncias graves que merecerían un análisis más profundo y transparente.

En un escándalo que parece extenderse más allá de los límites provinciales, Rosario Romero, exministra de Gobierno de Entre Ríos y actual intendenta, ha quedado en el centro de una polémica que involucra la instalación de un sistema de fotomultas que, según denuncias, opera con irregularidades y fines recaudatorios.

Los comienzos del sistema de fotomultas bajo Rosario Romero

Durante su mandato como ministra de Gobierno y jefa de Policía, Romero impulsó la implementación de las fotomultas en varias localidades de Entre Ríos. Si bien inicialmente se presentó como una herramienta para mejorar la seguridad vial, el sistema ha sido señalado como un "negocio recaudatorio" que opera al margen de la ley. Ahora, como intendenta, Romero usufructúa este mismo sistema, generando cuestionamientos sobre los verdaderos objetivos detrás de estas medidas.

Irregularidades en el procedimiento

Entre las denuncias más graves se encuentra la falta de plazos claros en los procedimientos de las multas, lo que deja a los ciudadanos en un estado de incertidumbre. Además, las notificaciones se realizan mediante un número de WhatsApp con característica de Buenos Aires (011), lo que genera dudas sobre la legalidad y transparencia de la operación. ¿Por qué una gestión local delega comunicaciones oficiales en un número que no pertenece a la jurisdicción? Este detalle refuerza la sospecha de que el sistema responde a intereses privados y no a la administración pública.

El impacto económico sobre los ciudadanos

Lejos de promover la seguridad vial, las fotomultas han sido criticadas como un mecanismo que solo busca recaudar fondos a costa de los automovilistas. Los conductores enfrentan sanciones con montos desproporcionados y, en muchos casos, con escasas opciones para realizar descargos efectivos. Esto representa una carga económica que afecta especialmente a los sectores más vulnerables.

Fotomultas como herramienta política

El sistema de fotomultas no solo está diseñado para recaudar, sino también para consolidar el poder político. La transición de Romero de ministra de Gobierno a intendenta, manteniendo el control sobre este cuestionado mecanismo, plantea serios conflictos de intereses. ¿Se utilizó la infraestructura del gobierno provincial para sentar las bases de un sistema que ahora opera en beneficio de su gestión municipal?

Conclusión: un modelo opaco que exige respuestas

El caso de Rosario Romero y las fotomultas en Entre Ríos es un ejemplo más de cómo las políticas públicas pueden ser manipuladas para favorecer intereses particulares. La falta de claridad en los procedimientos, las irregularidades administrativas y el carácter abusivo de las sanciones exigen una revisión profunda y la intervención de organismos independientes que garanticen justicia para los ciudadanos afectados.

Una foto completa del sistema de Romero podría incluir no solo las cifras millonarias recaudadas, sino también la red de contactos y decisiones políticas que permitieron el crecimiento de este "curro" a expensas de los entrerrianos. Mientras tanto, las denuncias se acumulan, y la ciudadanía reclama transparencia en un sistema que parece diseñado para castigar, no para proteger.

El reciente caso de la mujer de Paraná, declarada culpable por prostituir a su hija de apenas siete años, no solo indigna por el horror de los hechos, sino por lo que revela de nuestro sistema judicial: un sistema que demora ocho años en dar una respuesta, en un caso que debería haber sido prioritario desde el primer día. Ocho años de espera para una víctima inocente es una tragedia añadida. Pero lo más alarmante es que, en todo este tiempo, no se haya identificado ni imputado a los abusadores directos.

Vivimos en una época donde las comunicaciones son digitales, donde las cámaras y la tecnología pueden reconstruir con precisión el movimiento de las personas. Sin embargo, la justicia parece haberse detenido en el tiempo, incapaz de utilizar estas herramientas para identificar a los culpables. ¿Cómo es posible que, frente a un delito tan aberrante, no se haya señalado ni a un solo responsable más allá de la mujer que actuó como intermediaria? Este vacío, además de inaceptable, es un insulto para la víctima y para una sociedad que demanda respuestas concretas.

Y aquí es donde la crítica va más allá del caso en sí mismo. Porque no solo es la demora, la ineficacia y la aparente incapacidad de investigar a fondo lo que nos preocupa. Es la actitud de la propia justicia, reflejada en una desconexión total entre los jueces y la sociedad a la que deberían servir. En lugar de enfocar todos sus esfuerzos en mejorar un servicio que está gravemente cuestionado, la Asociación de Magistrados parece más preocupada por "salvar la reputación" de sus asociados que por garantizar respuestas rápidas y efectivas en casos como este. Es un enfoque que refleja una absoluta falta de prioridades y un desprecio hacia el reclamo social de una justicia eficiente y equitativa.

Esta desconexión se manifiesta de muchas formas: en un sistema judicial lento, burocrático y ajeno a las necesidades de la gente; en magistrados que dedican más tiempo a defenderse mutuamente que a resolver los problemas reales; y en un desprestigio creciente que no se corrige con discursos vacíos, sino con acciones concretas. Cada vez que un caso como este se demora o se resuelve de manera incompleta, la sociedad se siente aún más alejada de sus jueces, viendo en ellos figuras distantes que parecen operar en un mundo aparte.

No hay tiempo que perder en debates estériles o en proteger "reputaciones" cuando lo que está en juego es la vida y el futuro de las personas. La justicia no puede seguir perdiendo el tiempo mientras casos como este esperan años para obtener una respuesta, y peor aún, mientras los responsables directos permanecen impunes.

Es urgente que el sistema judicial deje de mirar hacia adentro y comience a mirar hacia afuera, hacia una sociedad que no soporta más esta indiferencia. Porque no se trata solo de condenar a una persona culpable, sino de dar una respuesta integral, efectiva y rápida, especialmente en delitos tan aberrantes como este. De lo contrario, la justicia no solo seguirá demorando, sino que continuará siendo un mecanismo vacío, desconectado de la realidad y cada vez más distante de quienes deberían ser su verdadera prioridad.

En una provincia marcada por la crisis económica y la desigualdad, se observa una creciente brecha entre los recursos dilapidados por las grandes instituciones provinciales y las penurias que atraviesan las familias. Mientras IOSPER, CEMENER y ENERSA destinan cuantiosas sumas en pautas publicitarias y negocios que benefician a círculos de poder, muchas familias entrerrianas enfrentan una lucha diaria para acceder a servicios básicos de salud.

Una familia de Entre Ríos, que recientemente captó la atención en redes sociales, debe vender tortas asadas para poder costear una anestesia que requiere un miembro de la familia. Este contraste pone de manifiesto la desconexión entre los recursos que deberían estar orientados a garantizar derechos y el uso de fondos en campañas y acuerdos que, lejos de beneficiar a los ciudadanos, parecen apuntar a enriquecer a unos pocos.

IOSPER, CEMENER y ENERSA: Fondos Públicos y Ausencia de Transparencia

IOSPER, encargado de la obra social de los empleados públicos, junto a CEMENER y ENERSA, han sido protagonistas de diversas controversias en los últimos años por su asignación de fondos en contrataciones publicitarias y acuerdos que se han tildado de poco transparentes. Lejos de priorizar el acceso a la salud y el bienestar de la población, estas entidades parecen canalizar los recursos en estrategias políticas y comerciales que sólo aumentan el desprestigio y las quejas por parte de los ciudadanos.

Una Anestesia y la Realidad de Muchas Familias Entrerrianas

La historia de esta familia es sólo un reflejo de una situación más amplia que afecta a muchas otras en la provincia. Cada torta asada vendida es un esfuerzo por cubrir necesidades de salud que, en teoría, deberían ser satisfechas por el sistema público. Esto contrasta dolorosamente con las campañas y los acuerdos costosos que se desarrollan con fondos públicos sin un beneficio claro y directo para la población.

Un Llamado a la Responsabilidad Social y a la Prioridad de Recursos

Es urgente que los organismos responsables reconsideren la asignación de sus presupuestos y se enfoquen en responder a las verdaderas necesidades de la población, especialmente en áreas sensibles como la salud. Las familias de Entre Ríos no deberían depender de actividades de subsistencia para costear tratamientos que deberían estar garantizados.

Rodríguez Allende: Del EPRE a las Defensas Controversiales y la Crisis Judicial en Entre Ríos

En plena crisis del Poder Judicial en Entre Ríos, el abogado Marcos Rodríguez Allende ha asumido un rol de vocero crítico en la arena pública. Sin embargo, sus declaraciones despiertan preguntas sobre sus verdaderos intereses. Rodríguez Allende, quien representó al exgobernador Sergio Urribarri y adquirió un cargo en el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía), tuvo que renunciar a este último tras asumir defensas en casos de narcotráfico, una actividad incompatible con sus funciones en el ente regulador. Ahora, desde otra posición, Rodríguez Allende se muestra como un defensor del sistema judicial en los medios.

Sus recientes declaraciones las realizaron en el programa conducido por Federico Malvasio, hermano del juez Juan Malvasio, ambos cercanos a José Carlos Halle (Bache), exinterventor del EPRE y beneficiario de una de las jubilaciones más altas de Entre Ríos. En el programa, Rodríguez Allende criticó lo que describe como un “uso extorsivo” del sistema judicial, refiriéndose a figuras como el jurado y el juicio político. Sin embargo, el propio Rodríguez Allende pidió sanciones en una causa cuyo trasfondo desconocía, suscitando críticas sobre si sus intervenciones buscan transparencia o responden a intereses políticos y personales.

¿Un Defensor de la Institucionalidad o un Actor con Vínculos Profundos?

Los antecedentes de Rodríguez Allende, con su paso por el EPRE, sus defensas polémicas y sus lazos con figuras del poder provincial, arrojan una sombra de duda sobre sus declaraciones actuales. Como exabogado de Urribarri, ahora defiende a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, quien está involucrado en una causa de corrupción. Las palabras de Rodríguez Allende sobre “institucionalidad” y “extorsión” en el Poder Judicial, al mismo tiempo que critica juicios políticos sin fundamento, parecen alinearse con intereses que van más allá de la defensa de la justicia.

Un Debate que Exige Claridad y Transparencia

Las críticas hacia Rodríguez Allende se amplían al considerar el contexto en el que se presentan: en un programa conducido por personas con nexos directos con actores clave del sistema judicial y político provincial. Este trasfondo plantea una pregunta inevitable: ¿Es Rodríguez Allende un auténtico defensor del orden judicial en Entre Ríos, o un representante de ciertos intereses que buscan resguardar su influencia en la estructura del poder?

Con una participación tan activa y controversiales antecedentes, la posición de Rodríguez Allende invita a reflexionar sobre el impacto real de su influencia y las motivaciones detrás de sus declaraciones en un sistema judicial ya en crisis.

Hay que destacar que a la fecha de publicación de la presente las declaraciones llevaban 26 vistas, con un promedio de cada en vio de 50 personas que disfrutan del jugoso programa del “PERGOLINI” del periodismo local.

La Caldera

La provincia de Entre Ríos ha formalizado recientemente un acuerdo con la empresa PTP Warrant SA, que implica el otorgamiento de un permiso de uso oneroso de un inmueble en la zona del puerto de Ibicuy, a cambio de una inversión de 12 millones de dólares para finalizar obras de infraestructura inconclusas. Sin embargo, la participación del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, ha generado inquietudes, dado su vinculación con la Fundación Semener y su reciente designación como asesor de la hidrovía.

Esta situación recuerda al escándalo de la década del 90, donde una inversión de 20 millones de dólares destinada a la provincia de Entre Ríos, con el puerto de Ibicuy como epicentro, se perdió entre los entramados burocráticos y los manejos turbios de funcionarios, entre los que destacaba el entonces director del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Juan Carlos Pacayut. Esa inversión, que prometía modernizar la infraestructura y posicionar a Entre Ríos como un actor clave en la hidrovía, terminó desvaneciéndose, con fondos que nunca llegaron a su destino final y proyectos que quedaron inconclusos.

La sombra de Pacayut vuelve a aparecer cuando se observan las posibles incompatibilidades de Rodríguez Signes, quien debería velar por los intereses de la provincia, pero se encuentra asesorando en proyectos que involucran importantes inversiones privadas en el mismo ámbito. La falta de claridad sobre el "permiso de uso oneroso", así como las ventajas que esta inversión genera para la provincia, deja un terreno fértil para la sospecha. Al igual que en los años 90, el temor es que los intereses públicos queden relegados frente a beneficios privados, mientras el destino de los fondos queda en entredicho.

El juez de Garantías de Victoria y su esposa, Flavia Villanueva, fiscal interina desde 2013, se han convertido en figuras controvertidas dentro del sistema judicial local. Villanueva ha ocupado su cargo de manera interina, sin haber pasado por un concurso, lo que ha generado críticas sobre la legitimidad de su designación y la alta remuneración que percibe sin haber atravesado el proceso que la mayoría de los fiscales deben enfrentar. Esta situación genera incomodidad en ciertos sectores del Poder Judicial, que ven con preocupación el manejo discrecional de las posiciones de poder.

Una de las principales preocupaciones radica en el hecho de que el juez de Garantías se ve obligado a excusarse sistemáticamente de las causas en las que interviene su esposa. Esto provoca que cualquier juez deba intervenir en estos casos, lo que diluye la garantía del juez natural, un principio fundamental del debido proceso. Este tipo de maniobras no solo retrasan los procesos, sino que también generan suspicacias en torno a la imparcialidad y transparencia de las decisiones judiciales.

La situación se agrava considerando que este matrimonio ejerce una influencia considerable en el sistema de justicia penal de la ciudad desde 2013, tras el divorcio previo del juez y en el marco de la implementación del sistema acusatorio en Victoria. Con la consolidación de su poder en la jurisdicción, han surgido crecientes denuncias sobre el posible armado de causas, lo que pone en entredicho la integridad de sus gestiones.

Ambos están bajo la lupa no solo por los conflictos de intereses evidentes, sino también por la acumulación de poder que han ejercido en la justicia penal de Victoria, un tema que merece atención ante las graves implicancias para el sistema judicial local.

En declaraciones recientes, el abogado Carlos Reggiardo, autor de varias denuncia contra funcionarios, expresó lo que considera una percepción generalizada entre la ciudadanía de Entre Ríos: “La gente está convencida de que en la justicia son todo una manga de delincuentes”. Estas afirmaciones, lejos de ser una mera provocación, reflejan una crítica profunda hacia la realidad judicial y el Honorable Jurado de Enjuiciamiento en la provincia.

“Supongo que la gente piensa que todos los magistrados son una manga de delincuentes”, continuó, aclarando que el problema no radica únicamente en los actores individuales, sino en la estructura completa. “Hay buenos, malos y regulares, pero lo que está corrompido es el sistema”, afirmó Reggiardo, señalando que el verdadero problema reside en un sistema judicial que ha perdido su capacidad de impartir justicia de manera equitativa.

Dentro de ese sistema, lo que más preocupa a la gente es el derecho penal. Los casos importantes, como los de violencia de género, abuso sexual y, sobre todo, los de corrupción, se manejan con una vara para los amigos y otra para los enemigos. Reggiardo también subrayó que el fuero de familia tiene problemas similares, donde las denuncias que involucran a personas cercanas a la estructura judicial local no reciben el mismo tratamiento que aquellas que afectan a personas de menores recursos.

El sistema judicial, según Reggiardo, aplica un excesivo punitivismo para ciertos casos, mientras que en otros “miran para otro lado”. Todo esto en una provincia que, según sus palabras, “tiene monumentos a la corrupción al paso de la fiscalía”.

Reggiardo también hizo referencia a la necesidad de discutir un nuevo Código Procesal Penal. “El que está o el que se debe discutir, pero hoy la suma del poder punitivo la tiene un funcionario que tiene muchas articulaciones políticas y tóxicas, y no las puede negar”, señaló. Este funcionario fue propuesto por el marido de la actual intendente de Paraná, algo que, según Reggiardo, “lo sabe todo el mundo y lo dice todo el mundo”.

Además, criticó los nombramientos cruzados en el sistema judicial. Mencionó ejemplos como el de Canepa, que de secretario de Romero pasó a fiscal, y el de Piérola, que siendo yerno de Romero, también pasó a fiscal. “Todos estos funcionarios entraron con el dedo. Aunque concursaron, entraron con el dedo, con un pasado dentro de estructuras políticas bien definidas”, insistió Reggiardo, denunciando que el más reciente caso es el de Maximino Ledesma, quien fue designado relator de la Procuración por una decisión de Romero en lo que calificó como “un decreto escandaloso”.

Reggiardo señaló que la justicia en Entre Ríos está sometida a constantes presiones, muchas de ellas provenientes de periodistas que cobran pauta oficial. Estos medios, según su análisis, “direccionan la opinión pública para un lado o para el otro”, transformando el debate público en un campo de batalla donde las verdades quedan eclipsadas por intereses políticos y económicos. Esto, a su vez, genera una presión directa sobre el Ministerio Público Fiscal, que, lejos de centrarse en la investigación de los hechos, parece más preocupado por su imagen en la prensa que por cumplir su rol institucional.

“Hay una crisis enorme en Entre Ríos”, advirtió, señalando que esta dinámica perversa ha llevado a una situación insostenible, donde el verdadero acceso a la justicia es cada vez más incierto. Mientras el sistema siga corrompido y manipulado por influencias externas, la confianza en las instituciones judiciales continuará decayendo, alimentando la percepción de que la justicia en la provincia está gravemente comprometida.

Este fin de semana largo, la Ciudad de Paraná vio cómo se esfumaba una importante fuente de ingresos debido a la no realización de la tradicional Fiesta de Disfraces. Según estimaciones, la ciudad dejó de percibir alrededor de 50 millones de dólares, cifra que ha sido habitual en las ediciones anteriores del evento, donde miles de turistas y locales dinamizan la economía a través de la ocupación hotelera, la gastronomía, y diversos servicios vinculados al turismo.

Sin embargo, la Intendente Rosario Romero intenta restar importancia al impacto económico de esta pérdida. En su último discurso, aseguró que durante el fin de semana se movieron mil millones de pesos en la ciudad, como si la no realización de la Fiesta de Disfraces no hubiera tenido consecuencias negativas. Pero la realidad sobre el terreno cuenta otra historia: las fotos de la peatonal y las zonas comerciales reflejan una actividad mínima, lo que deja en evidencia que fue un fin de semana común, sin el usual flujo turístico que esta celebración atrae.

Es claro que la no realización de la Fiesta de Disfraces significó un golpe económico para la ciudad, y las cifras presentadas por la gestión municipal parecen no coincidir con la realidad observada en las calles. Los comerciantes y sectores que dependen del turismo no vieron los ingresos habituales, lo que plantea interrogantes sobre cómo la administración de Rosario Romero maneja el impacto real de este tipo de eventos en la economía local.

FOTOMONTAJE

Daniel Enz llego a Entre Ríos hace mas de 3 décadas, desde Santa Fe, donde fue compañero de jardín de infantes de Pedro Báez, y a fuerza de relaciones políticas fue desarrollando una carrera signada por las OPERACIONES POLITICAS, con constantes cambios de BANDO y contradicciones que la timorata clase política entrerriana LE PERMITE a cambio del silencio de DANIEL.-

Daniel es una especie de empleado público que hoy vale más por lo que no publica que por las bolu$$#”(sic) que publica, así lo definen sus colegas, y explican esa afirmación con los laterales de sus medios (auspiciados por entes, municipios y organismos gubernamentales) que a pesar de no lograr mas de 20 reproducciones simultaneas en YOUTUBE embolsa varios millones de pesos en PAUTA OFICIAL.-

El sitio especializado en corrupción estructural ER24, realizo una investigación que derivo en una denuncia penal y pudo establecer que a través de dos PRESTANOMBRES, DANIEL ENZ cobraría CONTRATOS TRUCHOS, y acerco a la fiscalía dos nombres, el de ROCIO ANTONELLA HOLLMAN y CELIA DAIANA MANSILLA, dos “periodistas” que recibieron pauta del SENADO PROVINCIAL en el año 2023 por lo menos, quienes nadie conoce y no tienen medios de comunicación conocidos, ya que tributarían al BLONDO ANIMADOR.-

El 12 de junio de 2024 se inicio INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA para determinar si DANIEL ENZ cobraba a través de DOS PRESTANOMBRES contratos truchos de la legislatura, el fiscal a cargo no es otro que el AMIGO DE GOYENECHE, GONZALO BADANO.-

Lo misterioso es que bajo la más absoluta discreción la CAMARA remitió la documentación de estas “dos periodistas” que las fuentes vinculan insistentemente con DANIEL ENZ, remitió documentación, aunque sin mayores explicaciones se ARCHIVO LA CAUSA.-

CURIOSAMENTE ENZ, a la par empuja a CECILIA GOYENECHE (fiscal destituida por CORRUPCION) y el ex JUEZ PEROTTI (famoso por jubilarse sin explicar el origen de una fortuna en dólares que le sustrajeron en ocasión del ROBO AL CORRALON) como una especie de VENDETTA en “PEDIR INFORMES” para asi evitar su inminenete imputacion en la causa CONTRATOS.-

En una reciente muestra mas de desfachatez el santafesiono escribe en su we  analisis: Y lo mismo sucederá en esa Legislatura provincial, que no está dispuesta a informar públicamente ni dar explicaciones sobre por qué tiene una estructura de entre 600 o 1.000 contratados en las cámaras, además de cientos de empleados de planta que van quedando en cada gestión, a los que no se les conoce la cara, que nunca llegaron a su lugar de trabajo, pero que hace años, décadas, que cobran sueldos importantes del Estado y solamente argumentan que dependen de tal o cual diputado o senador provincial.

Lo curioso y como muestra una vez mas de la supina caradurez del RECONQUISTENSE quien haciendo gala de la doble vara, pide informes pero NO PUDIMOS SABER LOS ENTRERRIANOS que medios encabezan las periodistas HOLLMAN y MANSILLA.-

PEDIDO DE JUSTICIA EN REDES.-

Recordemos que no es la primera vez que ENZ termina involucrado en una causa de corrupción, ya que en la “MEGACAUSA” se pudieron advertir numerosas ordenes de publicidad de su entrañable amigo, ex socio y custodio personal MARIO RENE WOLFF FURLONG, un comisario que paso 20 años al lado de DANIEL mientras acusaba de menores de entre 4 y 6 años de manera sistemática, en grupo en una de las causas de PEDOFILIA MAS ESCANDALOSAS.

La Caldera

LA LIBERTAD AVANZA DENUNCIO AL JULIO RODRIGUEZ SIGNES EN EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO

GERMAN MELLA, dirigente de CONCORDIA, del partido provincial LA LIBERTAD AVANZA denuncio al FISCAL de estado ante el HONORABLE JURADO DE ENJUICIAMIENO por una serie de causales que tienen que ver con la ACUMULACION DE SUELDOS, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON LA FUNCION y CONFLICTO DE INTERESES en su designación en HIDROVIA y CEMENER. -

El dirigente LIBERTARIO sostiene en su presentación que JULIP RODRIGUEZ SIGNES incumplió la constitución al percibir además de su sueldo de FISCAL DE ESTADO, percepciones por su desempeño como SINDICO de GAS NEA, ENERSA, SIDECREER así como como también cargos en la HIDROVIA y la fundación CEMENER.-

En cuanto a la HIDROVIA independientemente de su posible participación en el ESCANDALO de PUERTO URUGUAY se cuestiona la inconveniencia de integrar un órgano asesor multilateral, cuando él tiene como función DEFENDER el PATRIMONIO de ENTRE RIOS como FISCAL DE ESTADO, teniendo ahí INTERESES DIVERGENTES. –

En cuanto al CEMENER el concordiense sostiene que es inconstitucional el rol de RODRIGUEZ SIGNES, creador de la fundación, parte de la misma, y de manera obscena se desempeña en los dos lados del mostrador, como miembro de la fundación y RESPONSABLE del PATRIMONIO de la PROVINCIA. -

LA LIBERTAD AVANZA

AGRADECEMOS SU DIFUSION

Un nuevo suceso se suma a la cadena de escándalos que atraviesa el MPF con los robos de GUALEGUAY, donde desde enero muchos vecinos vienen denunciando importantes ROBOS en sus domicilios particulares. -

Por la astucia de un vecino que arto de que el MPF archive las denuncias sin encontrar los responsables (eran policías de estrechos vínculos con los fiscales), INSTALANDO una cámara que logro descifrar el hecho que GAMAL TALEB Y SUS MUCHACHOS no pudieron hacer en meses.-

Pero los mas llamativo del caso, donde LUIS ERRO ha sido aceptado y se ha constituido como QUERELLANTE, con el patrocinio del DR. Carlos Guillermo Reggiardo, es que muchos de los bienes secuestrados, fotografiados en los primeros operativos llamativamente “desparecieron” como por arte de Magia.

¿Qué Paso?

ROGELIO FRIGERIO vuelve a subirse s un avión y tiene previsto un viaje a ALEMANIA en los próximos días según revela es sitio CLARIN.

ROGELIO no estará en el relanzamiento del MACRISMO dado que volverá al viejo continente.

Más viajes para funcionarios en E. Ríos, donde FREGONESE volvía a viajar a España, en un contexto donde se acaba de autorizar la EMISION DE UNA LETRA (DEUDA) para afrontar la falta de dinero en la provincia.

Ampliaremos.

La caldera

FOTOMONTAJE: ROGEL, FRIGERIO, BELL, MARIANI, CUÑADO DE FRIGERIO y EDUARDO CAMINAL.-

Tal como lo anticipó LA CALDERA, ROGELIO FRIGERIO tiene decidido “sacarse de encima a ROGEL de la CAMARA DE DIPUTADOS” y de paso disimula la escandalosa designación de su CUÑADO con el mismo OBSENO sueldo más viáticos, designándolo en la poderosa CTM CON UN RECIBO en pesos que no baja de $23.000.000, lo que ganan por mes casi 50 docentes de la provincia, o 70 enfermeros, o 25 empleados privados. -

Esa GROSERA cifra que embolsará el MARIDO DE la hermana de ROGELIO FRIGERIO, también lo embolsaría ROGEL si acepta ceder la BANCA.

Descuebtan que como en el CASO DE FREGONESE, FRIGERIO incumpliría una vez mas la LEY DE EQUIDAD DE GENERO, y remplazaría a ROGEL con una mujer, todo con la anuencia de un PORTELA desesperado por fondos para pagar la nomina de sueldos de un poder judicial FOFO, SOBRECARGADO de empleados JERARQUICOS, sin INDIOS y con demasiados caciques, y sometido permanentemente a las mafias organizadas de HALLE y ROMERO.-

Otro que luego del ACTING de concordia, desembarcaría en cargo verde es el inefable EDUARDO CAMINAL, un dirigente mediático, con pocas votos a quien también mencionan ganando dolares a través de CARU o CTM.-

Recientemente trascendieron rumorees de que GUSTAVO BORDET le cobrara la mitad del sueldo a LUIS BENEDETTO, esa información no fue confirmada, pero a juzgar por el INJUSTIFICABLE PATRIMONIO del MULTIMILLONARIO EX GOBERNADOR, no seria raro que una de las fuentes de su enriquecimiento ilícito sea alguna de esas cajas. -

ROGEL no ha dado el si, la única condición seria el acompañamiento de LUIS CUFI MARIANI, hombre que suele estar detrás de ROGEL, y hoy cumple funciones en VILIDAD, como director aunque atraviesa un interna con otro “experto vial” el MULTIFUNCIONAL ALFREDO BEL, que divide su tiempo entre el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, EL MANEJO DE LA PLATA DE LOS CAMINOS, FEDERACION AGRARIA, LAS COOPERATIVAS.-

La Caldera.-