En un nuevo capítulo de su cruzada contra la diversidad informativa, el gobernador Rogelio Frigerio ha firmado el Decreto N.º 3477-2024, una normativa que más que regular la publicidad oficial parece diseñada para concentrar el control de la información en manos de la Secretaría. de Comunicación y Prensa. Este decreto, que pretende "modernizar" la asignación de la pauta oficial, se esconde en sus pliegues un entramado que asfixia la pluralidad, fomenta la discrecionalidad y deja al desnudo la intención del gobierno provincial de premiar a medios amigos y castigar a los críticos.

Centralización total, transparencia nula

El decreto otorga a la Secretaría de Comunicación y Prensa poderes omnimodos: planificar, contratar, supervisar y, finalmente, decidir qué se publica, dónde y con cuánto dinero. La modalidad de "libre elección por negociación directa" es, en otras palabras, un check en blanco para seleccionar arbitrariamente a los beneficiarios de la pauta oficial. ¿El resultado? Un esquema en el que el gobierno puede invisibilizar a medios incómodos y amplificar a aquellos que le son funcionales.

Aunque el texto se esfuerza en maquillar esta concentración con principios de transparencia, lo cierto es que la discrecionalidad reina. La supuesta "eficiencia" que pretende el decreto no hace más que allanar el camino para prácticas clientelistas, alejando a los medios más pequeños y críticos de cualquier posibilidad de acceso a la pausa.

Un golpe al periodismo independiente

El decreto establece un registro de proveedores que, bajo la apariencia de un control administrativo, se convierte en un filtro que excluye a quienes no cumplen con los requisitos que parecen diseñados para beneficiar a las grandes corporaciones médicas. Medios locales, comunitarios y alternativos quedan relegados, ahogados por un sistema burocrático que los deja fuera del mapa.

Además, prohíbe explícitamente cualquier contenido con "orientación partidaria". ¿Quién decide qué es partidario y qué no? La misma Secretaría que, paradójicamente, será la única autorizada para definir qué mensajes se difunden. Una contradicción que se convierte en una herramienta de censura selectiva.

Discrecionalidad: el enemigo de la libertad

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH repudia el uso de la publicidad oficial como mecanismo de presión o censura. Sin embargo, el decreto de Frigerio parece un manual de cómo violar ese principio. La "libre elección" sin competencia abierta es un mecanismo peligroso que permite premiar a los medios complacientes y castigar a los críticos. Este diseño es la fórmula perfecta para minar la libertad de prensa bajo el disfraz de la legalidad.

¿Transparencia? Solo para la foto

El decreto promete registros públicos y controles rigurosos, pero ¿quién controla al controlador? La Secretaría no solo se encarga de contratar, sino también de supervisar. No hay organismos independientes que velan por la correcta distribución de la pausa. Todo queda en un círculo cerrado, donde los auditores y los auditados responden al mismo jefe político.

El verdadero objetivo

Frigerio no está innovando, está consolidando un modelo autoritario de comunicación pública. Mientras la ciudadanía exige pluralidad y acceso igualitario a la información, el gobernador opta por una estrategia que centraliza el poder en detrimento de los principios republicanos que tanto pregona en los discursos.

¿Hacia dónde vamos?

Con este decreto, el gobierno provincial sienta un precedente peligroso: la manipulación de la publicidad oficial como herramienta de control. En lugar de garantizar la pluralidad informativa y fomentar un debate democrático, Frigerio elige un camino que concentra el poder, acalla voces críticas y somete a los medios a la línea.

En tiempos donde la libertad de expresión está en constante amenaza, Entre Ríos parece liderar un retroceso que afecta a todos los ciudadanos, no solo a los periodistas. La pregunta es: ¿Quién controla al poder cuando los medios ya no tienen voz?

En La Caldera seguiremos denunciando los atropellos contra el derecho a la información y la libertad de prensa. La ciudadanía merece saber qué se hace con su dinero y quién decide qué pueden leer, escuchar o ver.

Grupo Martínez S.A. es una empresa encabezada por Mariano Martínez quien hasta 2019 trabajaba como contratado municipal en Santa Elena en la gestión de Silvio Moreyra y contaba con conocimientos básicos de albañilería. Sin embargo, y llamativamente para todos, Martinez se convirtió en la cara visible de un proyecto multimillonario en dólares del sector agroindustrial y de la construcción, que, según fuentes cercanas, estaría financiada por Silvio Moreyra.

El ascenso meteórico de Grupo Martínez S.A. y su conexión con Moreyra despiertan serias dudas sobre el origen de los fondos que han posibilitado este crecimiento.
Su llamativa expansión, ahora se asocia con TAMEFIR, una empresa especializada en silos y almacenamiento agrícola. Ambas compañías han aparecido juntas en promociones, como en una reciente presentación en Agroactiva 2024, donde Mariano Martínez fue presentado junto al ingeniero Víctor Cossovich de TAMEFIR. 

Este vínculo entre empresas despierta sospechas, dado el capital que manejan, inusualmente alto para personas sin experiencia empresarial significativa previa. Esta asociacion seria la compra por parte del grupo de una empresa del rubro que cotiza en millones de dolares.

Moreyra y Martínez habrían construido un imperio económico bajo el nombre de Grupo Martínez S.A, por eso, denunciaran por posible financiamiento ilegal, evasión fiscal agravada y lavado de activos. Ya que estas empresas manejan un capital que resulta incongruente con el salario de un funcionario público y el perfil de un excontratado municipal.

Moreyra comenzó su carrera como un empleado de la fotocopiadora en el Senado de Entre Ríos, pero con el tiempo logró escalar posiciones y consolidar su influencia a través del gremio APLER. Aunque este gremio tiene pocos afiliados, ha mantenido, en alianza con el gremio de los judiciales, un control férreo sobre la presidencia de IOSPER (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos). Moreyra es conocido por su estilo de vida lujoso, que incluye viajes frecuentes a Brasil — donde se especula que posee un emprendimiento hotelero — y una colección de caballos de carrera de alta gama registrados en el Stud Book Argentino, el prestigioso registro de los pura sangre más valiosos del país.

“Otro mes de altísimos descuentos en los salarios docentes”, expresó el dirigente del MST en su cuenta de X y apuntó que se registraron descuentos de hasta 300 mil pesos. “El Gobierno de Frigerio fue un paso más allá y descontó a directivos y docentes que no hicieron paro. Con esto busca disciplinar a quienes este año dieron la batalla en defensa de la educación y salarios dignos”, advirtió.

Remarcó que se trata de “un ataque directo al derecho constitucional a huelga”, al tiempo que remarcó que “estos descuentos inexplicables en salarios bajísimos son una provocación”. En ese sentido preguntó: “¿Frigerio podría vivir con un salario docente?”

Reclamó a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que efectivizó el fondo de huelga “para paliar solidariamente los descuentos” y que convocó asambleas “para generar un nuevo plan de lucha”. También entendió que debe nacionalizarse el conflicto: “La docencia sufre la extorsión del gobierno, la respuesta no debe hacerse esperar, Ctera tiene que activar la solidaridad de toda la docencia del país”, publicó Apf Digital.

Tras exigir “la devolución inmediata de los días descontados”, el MST Entre Ríos y Alternativa Docente denunciaron “la brutalidad de esta maniobra” y se pusieron “a disposición de la lucha necesaria para organizar la bronca”.

“Sólo con asambleas, acciones directas y organizando la bronca podemos construir el plan de lucha para que devuelvan los descuentos. No aceptamos excusas porque esto no se aguanta más. Nos encontramos el lunes 12h para rodear el CGE hasta que devuelvan lo descontado”, remarcaron.

Fuente: Analisis Digital

NdR: A Frigerio que le gusta decir como nunca antes, creemos que al menos en la historia moderna es el gobernador que se ha enfrentado como nunca antes con los docentes a menos de un año de Gobierno, Sergio Montiel en su segundo mandato tuvo un primer año de mayor convivencia. 

En la política, el verdadero peligro no son las figuras disruptivas como Milei o los liderazgos ideológicos marcados como el de Cristina Kirchner. Aunque puedan ser criticados, al menos representan posturas claras, incluso arriesgadas, que obligan al debate. El peligro real radica en ese espacio gris donde los "moderados" se aferran al statu quo, garantizando que todo siga igual: los mismos privilegios, las mismas injusticias, el mismo sistema corrupto que perpetúa la desigualdad.

Entre Ríos es un ejemplo perfecto de cómo opera este "infierno de moderados". Figuras como Rosario Romero (clan HALLE) y Juan Domingo Zacarías son ejemplos del pragmatismo político en un arte de supervivencia. Saltan de un extremo ideológico al otro, no por convicción, sino al calor de los cargos, los negocios y los beneficios que les garantiza el poder. No buscan romper con el sistema, sino protegerlo, porque en su estabilidad está su verdadera ganancia.

Los moderados, esos que se proclaman como los "racionales" de la política, son quienes han hecho de la inacción una virtud. En lugar de romper esquemas, se dedican a protegerlos. En Entre Ríos, esta moderación garantiza que el Poder Judicial aplique una vara distinta para los poderosos y el resto del pueblo. Es un sistema en el que los hijos de jueces pueden chocar alcoholizados y no afrontar consecuencias, o donde el esposo de una jueza, involucrado en la muerte de cuatro personas, puede desaparecer sin que nadie lo busque, o a Zacarias le pueden allanar la casa y su oficina de EPRE (monumento al CARGUISMO) sin que FRIGERIO si quiera le pregunte que paso y alegremente hablan de que aun no esta imputado, solo en esta provincia se viola el domicilio a personas que no han cometido ningún delito.

Esta moderación, lejos de ser neutral, es profundamente peligrosa porque disfraza el inmovilismo de consenso. Es en este espacio donde florecen los grandes negocios y las estructuras de poder más opacas. En Entre Ríos, el EPRE, manejado por Zacarias, se convirtió en un emblema de privilegios, con jubilaciones doradas y recursos manejados sin rendición de cuentas. Mientras tanto, figuras como Zacarías navegan cómodamente entre gobiernos de distinto signo, asegurando siempre su espacio en las estructuras del poder.

Mientras los extremos ideológicos pueden resultar incómodos porque desafían las bases del modelo vigente, los moderados son el verdadero sustento de ese modelo. No buscan justicia ni equidad; buscan que todo siga igual, con sus reglas amañadas y su repartija desigual. Los peligrosos no son los que gritan en las antípodas del espectro político; son quienes, en el centro, hacen del silencio un arma para conservar sus privilegios.

La moderación de VITOR, contrasta con la AGRESIVIDAD del crecimiento patrimonial que se le atribuye, como supuesto titular de la concesionaria más grande de la provincia VISION MOTORS, siendo un emblema de personajes que la política le cambio la vida. Esta moderación, lejos de ser neutral, es profundamente peligrosa porque disfraza el inmovilismo de consenso. Es en ese espacio donde florecen los grandes negocios y las estructuras de poder más opacas. Es el terreno fértil para los Macri y su escándalo del Correo, para los Larreta que arrastran acusaciones históricas como la presión que, según se dice, llevó al suicidio al doctor René Favaloro. Es el lugar donde la corrupción se normaliza y donde todo está permitido mientras no se alteren los privilegios de los pocos que manejan el sistema.

No se trata de defender ideologías extremas. Nadie tiene la verdad absoluta y ningún sistema es perfecto. Pero al menos los extremos traen al frente las contradicciones del sistema y nos fuerzan a pensar en alternativas. Los moderados, en cambio, son el pilar de la continuidad: defienden un esquema donde el Poder Judicial es una herramienta de las élites, donde los negocios familiares están por encima de las leyes, y donde la política es un juego amañado que excluye a las mayorías.

Entre Ríos no necesita más moderación; necesita acción. Porque, mientras los moderados sigan dominando la escena, el infierno seguirá lleno de ellos. Y nosotros seguiremos atrapados en un sistema que solo funciona para los mismos de siempre.

La Caldera

Concordia, la ciudad más pobre del país, vuelve a ser el escenario de alianzas que reciclan fórmulas gastadas para sostener un modelo político agotado. Los protagonistas de este nuevo armado son Gustavo Marangoni, un exsciolista devenido analista político, y Diego Bossio, el exkirchnerista que encontró en el pichettismo su refugio estratégico. Ambos llegan bajo el ala de Gustavo Bordet y Enrique Cresto, buscando dar una fachada renovadora a un peronismo que sigue representando más de lo mismo.

El sciolista, el pichettista y el oportunismo político

Marangoni encarna el discurso técnico que intenta disfrazar la falta de propuestas concretas, mientras que Bossio, experto en alianzas oportunistas, representa la línea pragmática del pichettismo, siempre dispuesto a negociar con quien convenga para mantenerse vigente. Juntos son las piezas de un peronismo que insiste en mostrarse como renovador, aunque en realidad perpetúa las mismas prácticas y rostros que llevaron a Concordia a su crisis actual.

Guillermo Michel y los "condenados al poder"

En esta puesta en escena también aparece Guillermo Michel, un ignoto dirigente de Entre Ríos que ha sabido moverse en las sombras del poder real. Michel es parte de lo que Jorge Asís llama "el grupo de los condenados", personajes sin legitimidad popular ni votos, pero que manejan los hilos de las decisiones más importantes en el país. Representan un poder silencioso pero efectivo, que opera desde las estructuras judiciales, fiscales y económicas, garantizando la continuidad del sistema sin necesidad de enfrentarse al veredicto de las urnas.

Michel, desde su pasado en la Aduana, ha utilizado sus vínculos para posicionarse como un operador clave en este armado político, alineado con Bordet y Cresto para sostener un modelo que carece de soluciones reales para los problemas estructurales de Concordia.

La todoterreno Rosario Romero: garante del status quo

En la misma foto aparece también Rosario Romero, una figura todoterreno que ha logrado ser la pieza de garantía entre el Poder Judicial y el Poder Político en Entre Ríos. Su presencia refuerza la idea de un armado pensado para proteger los intereses del status quo, en lugar de abordar las urgencias reales de una ciudad que necesita mucho más que discursos vacíos.

La foto que habla por sí sola

Marangoni, Bossio, Michel y Romero, bajo el liderazgo de Bordet y Cresto, representan una estrategia que intenta mantener la fachada de un peronismo unido y fuerte, pero que en realidad perpetúa los mismos actores y prácticas que no han dado respuestas a las demandas de la sociedad. La pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades siguen siendo el único legado tangible de estas alianzas.

Concordia merece algo distinto

Concordia no necesita más reciclajes políticos ni alianzas vacías. La ciudad necesita un cambio profundo y comprometido con su gente, algo que este armado político no parece estar dispuesto a ofrecer. Por ahora, la foto de este intento de renovación es un recordatorio de que el cambio real sigue siendo una promesa lejana.

La nueva ley electoral propuesta pulveriza los partidos vecinales y prohibe la doble afiliación, eliminando la posibilidad de que en una ciudad un peronista y un radical se unan en un proyecto local. Esta medida no responde a las necesidades de la gente, sino al interés de Rogelio Frigerio de consolidar su sistema de estructuras partidarias tradicionales.

Estamos frente a una ley que atrasa 20 años, diseñada para consolidar el esquema de las PASO impulsado por el kirchnerismo, que desde su creación solo ha servido a las grandes estructuras políticas, dejando de lado las verdaderas necesidades de representación ciudadana.

Esta reforma busca debilitar la democracia local, atacando a los partidos vecinales que son la voz más cercana de los vecinos, y pretende imponer un modelo que centraliza el poder en las estructuras tradicionales, silenciando la pluralidad y las alianzas genuinas que nacen en cada localidad.

Lejos de avanzar hacia un sistema moderno, esta ley electoral representa un retroceso que prioriza los intereses políticos de las grandes estructuras partidarias por encima de la voluntad popular. La provincia merece una discusión profunda, no un apuro por sancionar una ley que beneficia a pocos y perjudica a muchos.

FOTOMONTAJE

En una provincia acostumbrada a las discusiones políticas intensas, el gobernador Rogelio Frigerio está decidido a implementar una reforma electoral express antes de que las modificaciones nacionales puedan impactar en su estrategia para las elecciones provinciales. El proyecto, que avanza rápidamente en la Cámara de Diputados, promete modernizar el sistema electoral introduciendo la boleta única de papel y el financiamiento estatal de campañas, pero no está exento de polémicas.

Un discurso de austeridad que omite las PASO

A pesar de los discursos oficiales sobre austeridad, republicanismo y transparencia, la reforma no elimina las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este mecanismo, criticado por sectores políticos y sociales, genera un gasto millonario para la provincia y, según los detractores, no soluciona las internas partidarias que continúan siendo dominadas por las estructuras tradicionales.

"El sistema de PASO es un capricho caro de la casta política, que en vez de democratizar las internas, perpetúa las mismas prácticas de siempre," señaló un referente político opositor que prefiere mantenerse en el anonimato. Los críticos también apuntan a la permanencia de la Ley Castrillón, un esquema que regula el sistema electoral provincial desde 2005 y que, según sus detractores, bloquea cualquier intento de desafiar a las estructuras partidarias tradicionales.

La reforma y el peso de la mayoría automática

El proyecto avanza con rapidez en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una cómoda mayoría que le permite aprobar el texto original sin aceptar sugerencias ni modificaciones significativas. Esto ha generado el rechazo de diversos sectores, que consideran que Frigerio está priorizando su estrategia política sobre los intereses de la ciudadanía.

“Estamos frente a una reforma express que no resuelve los problemas de fondo, sino que fortalece un sistema electoral que ya está en crisis,” afirmó un analista político local.

La Ley Castrillón en la mira

En medio de la discusión, la Ley Castrillón, que regula las elecciones internas y generales en Entre Ríos, sigue siendo un foco de críticas. Patricia Díaz, senadora provincial, presentó recientemente un proyecto para derogar esta ley, argumentando que su implementación ha sido un obstáculo para garantizar la equidad de género y la representación de minorías. Según Díaz, es imprescindible recuperar el protagonismo de los partidos políticos sin perpetuar mecanismos que beneficien exclusivamente a las élites partidarias.

“La Ley Castrillón fue pensada para otro contexto político, pero hoy es un anacronismo que limita la participación democrática,” afirmó la legisladora en un reciente debate.

Una reforma que genera tensiones

La reforma electoral promovida por Frigerio refleja las tensiones entre una supuesta modernización del sistema y la resistencia a realizar cambios más profundos que garanticen mayor participación y representatividad. Mientras algunos celebran la implementación de la boleta única como un avance hacia la transparencia, otros señalan que esta medida es insuficiente para abordar los problemas estructurales del sistema electoral entrerriano.

Con la mayoría oficialista asegurando la aprobación del proyecto en Diputados, la pregunta es si esta reforma logrará cumplir con su promesa de transparencia y equidad, o si será recordada como una maniobra más para perpetuar las estructuras de poder tradicionales. La atención ahora se centra en el Senado, donde podrían surgir nuevos debates y negociaciones. ¿Se abrirá espacio para una reforma integral, o seguirá siendo un ajuste diseñado a medida de los intereses del oficialismo?

La discusión está lejos de terminar.

Esteban Vitor, un político que se posicionó como figura de la oposición, ha protagonizado en los últimos años un vertiginoso crecimiento patrimonial que ha despertado numerosas sospechas. Si bien su apellido es parte de una familia tradicional de Paraná, nunca fue conocido por poseer una gran fortuna. Sin embargo, hoy es considerado uno de los hombres más ricos de la ciudad.

Según trascendidos, Vision Motors, una concesionaria de lujo ubicada estratégicamente en la entrada del túnel subfluvial, sería de su propiedad. El negocio estaría gestionado, además, por su hijo, a quien también se le atribuye la titularidad de una casa de cambio en el centro de Paraná. Estas adquisiciones y emprendimientos, junto con su acelerado enriquecimiento, arrojan serias dudas sobre la procedencia de sus recursos.

Durante su último período como diputado provincial, Vitor sorprendió con un cambio de postura política. Pese a haberse presentado como un crítico severo del oficialismo, se alineó estratégicamente con el gobierno de Gustavo Bordet, limitando sus críticas a cuestiones mínimas y cuidadosamente acordadas. Este acercamiento coincidió con su manejo de numerosos contratos legislativos, los cuales nunca utilizó para denunciar la corrupción que anteriormente había señalado en su discurso público.

Hoy, como Secretario Legal y Técnico del Gobierno, Vitor enfrenta cuestionamientos no solo por su notable fortuna, sino también por su presunta participación en una "mesa de dinero" y por los vínculos económicos que rodean a su familia. El caso expone cómo la proximidad al poder puede transformar a un opositor en un aliado estratégico y, aparentemente, en un empresario prpróspero.

La espectacular evolución patrimonial de Esteban Vitor invita a una reflexión sobre la transparencia y la ética en la función pública. Mientras crecen las dudas sobre sus actividades empresariales y políticas, la pregunta persiste: ¿cómo logró Vitor convertirse en uno de los hombres más adinerados de Paraná en tan poco tiempo?

La Caldera

La reciente designación de Guillermo Ledesma Maximino como fiscal en la ciudad de La Paz ha generado una ola de críticas y cuestionamientos en los ámbitos judiciales y políticos de Entre Ríos. Este nombramiento, realizado sin concurso previo, pone en evidencia las irregularidades y la falta de transparencia que persisten en el sistema judicial provincial, levantando sospechas de favoritismo político en su favor.

Un recorrido marcado por vínculos políticos
Con más de 20 años de trayectoria al servicio de Rosario Romero y José Carlos Halle, Guillermo Ledesma Maximino consolidó su posición dentro de la administración pública provincial. Durante los últimos seis años, ocupó el cargo de Secretario Legal y Administrativo en el Ministerio de Gobierno, bajo la dirección de Rosario Romero.

Sin embargo, su polémico recorrido no termina ahí. En 2023, mediante un decreto denunciado que lleva la firma del entonces gobernador Gustavo Bordet y la ministra Romero, Ledesma fue “reubicado” al Poder Judicial como relator titular de la Procuración General, también sin concurso público.

Esta decisión fue avalada en una escueta resolución emitida por el Procurador Jorge García, lo que despertó críticas tanto dentro como fuera del ámbito judicial, ya que este traslado de la esfera provincial al Poder Judicial contradice los principios de transparencia y meritocracia exigidos para tales designaciones.

Designación sin concurso como fiscal
El nuevo capítulo en esta historia se dio con su designación como fiscal en la ciudad de La Paz, nuevamente sin la realización de un concurso público. Este nombramiento, señalado como irregular por diversos sectores, refuerza la idea de que el sistema judicial está siendo utilizado como un espacio de reubicación política y no como un ámbito donde prevalezca el mérito y la profesionalidad.

Reacciones y críticas
La designación de Ledesma Maximino ha generado un amplio rechazo por parte de organizaciones civiles, actores judiciales y referentes políticos, quienes han calificado este nombramiento como un nuevo ejemplo del uso arbitrario de los cargos públicos en beneficio de personas cercanas al poder político.

En palabras de algunos críticos, “la justicia de Entre Ríos no puede ser el patio trasero del poder político. Las designaciones deben cumplir con estándares de transparencia y legalidad, y no estar al servicio de intereses particulares”.

La falta de concursos y el riesgo institucional
Casos como este no solo socavan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, sino que también evidencian un debilitamiento institucional en el que los procesos administrativos son manejados con discrecionalidad. La ausencia de concursos públicos abiertos y competitivos para cargos de tal relevancia refleja un preocupante desdén por las normas básicas que deberían garantizar la imparcialidad y la eficiencia en el Poder Judicial.

Conclusión
El escándalo en torno a Guillermo Ledesma Maximino y su designación como fiscal sin concurso, tras haber sido reubicado del Poder Ejecutivo al Poder Judicial mediante un decreto firmado por Bordet y Romero, deja al descubierto las irregularidades que afectan al sistema judicial en Entre Ríos.

Es imprescindible que se revisen y fortalezcan los mecanismos de selección de funcionarios judiciales, garantizando procesos basados en el mérito, la transparencia y el cumplimiento estricto de las normas. Solo así se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y evitar que el poder político siga utilizando estos espacios como herramientas de reubicación arbitraria.

Ricardo Alcain.

En el debate sobre la responsabilidad de los hospitales públicos y sus profesionales, resurge la pregunta: ¿es suficiente la respuesta de la justicia cuando errores médicos y negligencias provocan daños irreversibles o la muerte? Casos recientes y pasados, como el del anestesista Riolo y el histórico del médico Ricardo Alcain, exponen las grietas de un sistema que parece ser indulgente con las instituciones y sus responsables, mientras las víctimas y sus familias enfrentan el peso del dolor y la impotencia.

El caso del anestesista Riolo: una tragedia actual

El anestesista Riolo, implicado en un procedimiento en el que falleció un paciente, se encuentra bajo investigación. Según los relatos, el hecho habría estado marcado por negligencias que involucran tanto al profesional como al hospital donde se realizó la intervención. Este caso plantea la cuestión de la cadena de responsabilidades en el ámbito de la salud pública y cómo las decisiones o acciones imprudentes pueden tener consecuencias fatales.

El caso histórico de Ricardo Alcain: VIH por transfusión de sangre contaminada

En 2001, un tribunal de Entre Ríos condenó al médico Ricardo Alcain y a dos profesionales del hospital público de Concordia por suministrar una transfusión de sangre contaminada con VIH a una mujer embarazada en 1992. La paciente, que buscaba salvar la vida de su hijo, contrajo el virus en un hospital público que no realizó los controles necesarios para garantizar la seguridad de la sangre. Los responsables fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, una pena que no se tradujo en prisión efectiva, mientras que la mujer enfrentó las consecuencias de una enfermedad incurable.

El tribunal argumentó que se trató de una "negligencia grave", pero la sanción fue condicional, lo que generó indignación entre los afectados y organizaciones de derechos humanos. Este fallo dejó en evidencia cómo la justicia tiende a ser indulgente en casos que involucran a hospitales públicos, limitándose a penas mínimas para los responsables.

Un patrón que persiste

El paralelismo entre el caso Alcain y el de Riolo es alarmante. Ambos involucran errores graves en contextos de salud pública que afectaron profundamente a las víctimas. En ambos, la justicia parece resistirse a imponer penas ejemplares que no solo castiguen a los responsables, sino que también sirvan como advertencia para evitar futuras negligencias.

La salud pública es un derecho fundamental, y su garantía implica responsabilidades que deben asumirse en todos los niveles, desde los médicos hasta las instituciones. Sin embargo, cuando la justicia opta por penas leves o simbólicas, se envía un mensaje de impunidad que perpetúa prácticas negligentes y debilita la confianza de la sociedad en el sistema de salud.

La responsabilidad del sistema de salud y la necesidad de cambios

El caso del anestesista Riolo pone sobre la mesa la falta de control, supervisión y medidas preventivas que deberían ser la norma en los hospitales públicos. Aunque cada caso tiene sus particularidades, la reiteración de estos hechos sugiere una falencia sistémica que no puede seguir siendo ignorada.

Es necesario que la justicia adopte una postura firme frente a estos hechos, dejando de lado la indulgencia que ha caracterizado casos como el de Alcain. Solo a través de sanciones ejemplares y una revisión profunda de los protocolos hospitalarios se podrá garantizar que la atención médica no sea un riesgo para los pacientes.

Reflexión final

La justicia tiene una deuda pendiente con las víctimas de la negligencia médica en hospitales públicos. Casos como el de Alcain y Riolo nos recuerdan que detrás de cada fallo hay una vida marcada por el dolor, y detrás de cada negligencia, una responsabilidad que no puede quedar impune. Es hora de que el sistema judicial y sanitario actúen con la severidad y el compromiso que exige la protección de la salud y la vida humana.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados rechazó el primero de los pedidos de juicio político presentados contra la vocal de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Nerea Schumacher.

Pero restan dos decisiones: una respecto de la presentación hecha por la ONG “Entre Ríos sin Corrupción”, y una tercera, ampliatoria de la primera, presentada por el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.

Rechazo unánime

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Gabriela Lena (Juntos), la integran además Sergio Castrillón (PJ), Enrique Cresto (PJ), Roque Orlando Fleitas (La Libertad Avanza), Silvio Gallay (Juntos), Marcelo López (Juntos), Susana Pérez (Juntos), María Elena Romero (Juntos), Liliana Salinas (Partido Conservador), Bruno Sarubi (Juntos), Yari Seyler (PJ), Laura Stratta (PJ), Carolina Streitenberger (Juntos), Vilma Vazquez (Juntos) y Andrea Zoff (Juntos). En forma unánime, votaron por el rechazo a la presentación de Rossi.

Los legisladores deberán ahora centrarse en la presentación de “Entre Ríos sin Corrupción”, que denunció a la jueza Schumacher por supuesto “mal desempeño”. El cuestionamiento tiene que ver con el “cambio de criterio” en la causa conocida como “Megajuicio por corrupción”, de la cual resultó condenado el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y el empleado del Senado, Juan Pablo Aguilera, entre otros.
En efecto, la vocal del STJ rechazó en abril pasado el recurso extraordinario provincial en la causa y, poco después, en octubre, concedió el recurso extraordinario federal para que los imputados vayan a reclamar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Nuevo pedido de juicio político por “ausencias”

A un primer planteo contra la jueza Schumacher, Rossi entabló un segundo cuestionamiento. Ahora, el intendente de Santa Elena le cuestiona a la jueza sus “ausencias” y “licencias”.  “Es inadmisible que un miembro del máximo tribunal provincial, en un contexto de crisis económica y demandas sociales de transparencia, se haya beneficiado de una discrecionalidad alarmante en el uso de licencias, permisos y viáticos. Esta conducta, denunciada públicamente en diversos medios, incluye viajes y ausencias injustificadas en funciones esenciales”.

Y cita que la Constitución de Entre Ríos exige “que los magistrados observen una conducta intachable y acorde con la dignidad de su cargo”. En contraposición, dice el jefe comunal santaelenense, Schumacher ha “incurrido en usos cuestionables de privilegios administrativos, como asistir a un recital en Buenos Aires, inmediatamente después de un fallo que benefició al exgobernador Sergio Urribarri, lo que genera sospechas fundadas sobre una falta de responsabilidad ética y profesional”.

-¿Esperaba esta resolución de la Comisión de Juicio Político?

-Esta resolución es la posición política que tiene Cambiemos, la posición política que tiene el justicialismo, y La Libertad Avanza. Cuando se la designó a la jueza Schumacher, hubo un fuerte reclamo y quejas y críticas de parte de Cambiemos, sobre todo porque era la pareja de quien en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados. Se cansaron de hablar de transparencia, de ficha limpia, de modernizar el Estado, pero resulta que quieren tener este tipo de justicia.

En la historia de la humanidad, la guillotina fue un símbolo de poder, control y miedo. Era un instrumento que no solo cortaba cabezas, sino que también establecía un ejemplo para los demás. Hoy, aunque vivimos en sociedades que se autoproclaman civilizadas, el proceso penal ha evolucionado para cumplir esa misma función, pero con una apariencia de legitimidad y justicia. Sin embargo, bajo esa fachada, las garantías constitucionales se han convertido en letra muerta, y el proceso penal se ha transformado en una sofisticada versión de la guillotina, destinada a someter a la sociedad bajo el yugo del miedo y la ejemplificación.

Un proceso sin verdad ni justicia

En teoría, el proceso penal está diseñado para buscar la verdad, garantizar los derechos de los acusados y brindar justicia a las víctimas. Pero en la práctica, especialmente en contextos politizados como el de Entre Ríos, el sistema judicial parece tener un objetivo más oscuro: el castigo por el castigo mismo. No importa si se llega a la verdad; lo que importa es tener un condenado. El "espectáculo" de un proceso penal ejemplificador no busca justicia, sino el control social a través del miedo.

El caso de Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, ilustra este fenómeno. Acusado en múltiples causas de corrupción, su figura se ha convertido en un campo de batalla entre quienes claman por justicia y aquellos que buscan proteger los intereses de los poderosos que aún sostienen el sistema corrupto que lo benefició durante años. Sin embargo, lo irónico es que las causas más fuertes —las que podrían desentrañar décadas de prácticas corruptas— no avanzan, porque tocan intereses profundamente enraizados en la "patria contratista" y en figuras como Rodríguez Signes, actual fiscal de Estado. Las causas que sí prosperan suelen ser las de menor impacto estructural, pero son las suficientes para ofrecer una "cabeza" al público.

El miedo como herramienta de control

Los procesos penales se han convertido en herramientas de control político y social. Los fallos no buscan resolver conflictos ni sentar precedentes justos; buscan ejemplificar. Este mecanismo utiliza el miedo —el miedo a ser acusado, juzgado y condenado— para disciplinar a la sociedad. El ciudadano común, frente al espectáculo de un juicio público, aprende que nadie está a salvo, que el poder del Estado puede ser implacable y que las garantías constitucionales son un ideal vacío.

La lógica es clara: si se pueden fabricar culpables o mantener a figuras como Urribarri bajo un sistema que los exhibe como trofeos, ¿qué esperanza tienen los ciudadanos comunes? ¿Cómo confiar en un sistema que parece más interesado en alimentar su propia maquinaria que en respetar los derechos básicos?

La guillotina moderna: condenar, no investigar

La metáfora de la guillotina moderna cobra especial sentido en este contexto. Como en la Revolución Francesa, no interesa tanto la verdad de los actos ni las circunstancias que los rodean; lo importante es la ejecución, el acto público que demuestra que el poder sigue vigente. En este sistema, no se busca justicia, sino resultados inmediatos: un condenado que simbolice el triunfo del sistema judicial, aunque ese triunfo sea solo aparente.

En Entre Ríos, el proceso penal no avanza en los grandes casos de corrupción que involucrarían a redes enteras de poder político y económico. Las causas se fragmentan, se diluyen o se archivan, y las garantías constitucionales quedan relegadas a un segundo plano. Mientras tanto, el ciudadano es testigo de procesos que se sienten más como espectáculos que como herramientas de justicia, donde las condenas parecen responder más a necesidades políticas que a verdades comprobadas.

Un sistema que perpetúa el ciclo

La guillotina sofisticada del proceso penal no solo corta cabezas; también perpetúa un sistema de impunidad estructural. Al concentrarse en figuras visibles pero dejando intactas las estructuras de poder, el sistema judicial refuerza el statu quo. Esto explica por qué las causas verdaderamente relevantes —aquellas que podrían desmantelar redes de corrupción sistémicas— no prosperan. La verdad y la justicia no son el objetivo; lo son la ejemplificación y la perpetuación del poder.

En definitiva, el proceso penal, tal como se aplica en casos politizados y de alto perfil, es una herramienta que combina la apariencia de justicia con la brutalidad del control social. Se ha convertido en una guillotina moderna, que no persigue la verdad, sino el poder. Y, como en el pasado, quienes manejan la guillotina lo hacen para proteger sus propios intereses, mientras que los ciudadanos quedan atrapados en un sistema que se sostiene en el miedo y la desigualdad.

Representacion 

En un hecho que no deja de generar polémica, Gabriela Lena y los miembros de la Comisión de Juicios Políticos de Asuntos Constitucionales decidieron cerrar filas para salvar a la jueza Gisela Schumacher. La decisión, marcada por el rechazo de los pedidos de juicio político y la falta de tratamiento de una ampliación presentada, evidencia la complicidad entre los diputados y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

A pesar de los graves señalamientos de mal desempeño contra Schumacher, los legisladores optaron por resolver sin más trámite, desestimando los planteos en tiempo récord. Este tratamiento express parece confirmar las versiones que circulaban sobre un acuerdo político entre Cambiemos y sectores afines al kirchnerismo para blindar a la jueza.

El contexto no puede ser ignorado: existe otro pedido de juicio político en trámite, además de la ampliación que aporta nuevas pruebas y argumentos contra la magistrada. Sin embargo, la decisión de archivar los reclamos en forma anticipada deja en evidencia un pacto que prioriza intereses políticos sobre la transparencia y la justicia.

La jugada política no solo erosiona la credibilidad de la Comisión, sino que refuerza la percepción de que los acuerdos entre las fuerzas políticas tradicionales buscan proteger a los integrantes del sistema judicial, aun frente a denuncias graves que merecerían un análisis más profundo y transparente.

En un escándalo que parece extenderse más allá de los límites provinciales, Rosario Romero, exministra de Gobierno de Entre Ríos y actual intendenta, ha quedado en el centro de una polémica que involucra la instalación de un sistema de fotomultas que, según denuncias, opera con irregularidades y fines recaudatorios.

Los comienzos del sistema de fotomultas bajo Rosario Romero

Durante su mandato como ministra de Gobierno y jefa de Policía, Romero impulsó la implementación de las fotomultas en varias localidades de Entre Ríos. Si bien inicialmente se presentó como una herramienta para mejorar la seguridad vial, el sistema ha sido señalado como un "negocio recaudatorio" que opera al margen de la ley. Ahora, como intendenta, Romero usufructúa este mismo sistema, generando cuestionamientos sobre los verdaderos objetivos detrás de estas medidas.

Irregularidades en el procedimiento

Entre las denuncias más graves se encuentra la falta de plazos claros en los procedimientos de las multas, lo que deja a los ciudadanos en un estado de incertidumbre. Además, las notificaciones se realizan mediante un número de WhatsApp con característica de Buenos Aires (011), lo que genera dudas sobre la legalidad y transparencia de la operación. ¿Por qué una gestión local delega comunicaciones oficiales en un número que no pertenece a la jurisdicción? Este detalle refuerza la sospecha de que el sistema responde a intereses privados y no a la administración pública.

El impacto económico sobre los ciudadanos

Lejos de promover la seguridad vial, las fotomultas han sido criticadas como un mecanismo que solo busca recaudar fondos a costa de los automovilistas. Los conductores enfrentan sanciones con montos desproporcionados y, en muchos casos, con escasas opciones para realizar descargos efectivos. Esto representa una carga económica que afecta especialmente a los sectores más vulnerables.

Fotomultas como herramienta política

El sistema de fotomultas no solo está diseñado para recaudar, sino también para consolidar el poder político. La transición de Romero de ministra de Gobierno a intendenta, manteniendo el control sobre este cuestionado mecanismo, plantea serios conflictos de intereses. ¿Se utilizó la infraestructura del gobierno provincial para sentar las bases de un sistema que ahora opera en beneficio de su gestión municipal?

Conclusión: un modelo opaco que exige respuestas

El caso de Rosario Romero y las fotomultas en Entre Ríos es un ejemplo más de cómo las políticas públicas pueden ser manipuladas para favorecer intereses particulares. La falta de claridad en los procedimientos, las irregularidades administrativas y el carácter abusivo de las sanciones exigen una revisión profunda y la intervención de organismos independientes que garanticen justicia para los ciudadanos afectados.

Una foto completa del sistema de Romero podría incluir no solo las cifras millonarias recaudadas, sino también la red de contactos y decisiones políticas que permitieron el crecimiento de este "curro" a expensas de los entrerrianos. Mientras tanto, las denuncias se acumulan, y la ciudadanía reclama transparencia en un sistema que parece diseñado para castigar, no para proteger.

El reciente caso de la mujer de Paraná, declarada culpable por prostituir a su hija de apenas siete años, no solo indigna por el horror de los hechos, sino por lo que revela de nuestro sistema judicial: un sistema que demora ocho años en dar una respuesta, en un caso que debería haber sido prioritario desde el primer día. Ocho años de espera para una víctima inocente es una tragedia añadida. Pero lo más alarmante es que, en todo este tiempo, no se haya identificado ni imputado a los abusadores directos.

Vivimos en una época donde las comunicaciones son digitales, donde las cámaras y la tecnología pueden reconstruir con precisión el movimiento de las personas. Sin embargo, la justicia parece haberse detenido en el tiempo, incapaz de utilizar estas herramientas para identificar a los culpables. ¿Cómo es posible que, frente a un delito tan aberrante, no se haya señalado ni a un solo responsable más allá de la mujer que actuó como intermediaria? Este vacío, además de inaceptable, es un insulto para la víctima y para una sociedad que demanda respuestas concretas.

Y aquí es donde la crítica va más allá del caso en sí mismo. Porque no solo es la demora, la ineficacia y la aparente incapacidad de investigar a fondo lo que nos preocupa. Es la actitud de la propia justicia, reflejada en una desconexión total entre los jueces y la sociedad a la que deberían servir. En lugar de enfocar todos sus esfuerzos en mejorar un servicio que está gravemente cuestionado, la Asociación de Magistrados parece más preocupada por "salvar la reputación" de sus asociados que por garantizar respuestas rápidas y efectivas en casos como este. Es un enfoque que refleja una absoluta falta de prioridades y un desprecio hacia el reclamo social de una justicia eficiente y equitativa.

Esta desconexión se manifiesta de muchas formas: en un sistema judicial lento, burocrático y ajeno a las necesidades de la gente; en magistrados que dedican más tiempo a defenderse mutuamente que a resolver los problemas reales; y en un desprestigio creciente que no se corrige con discursos vacíos, sino con acciones concretas. Cada vez que un caso como este se demora o se resuelve de manera incompleta, la sociedad se siente aún más alejada de sus jueces, viendo en ellos figuras distantes que parecen operar en un mundo aparte.

No hay tiempo que perder en debates estériles o en proteger "reputaciones" cuando lo que está en juego es la vida y el futuro de las personas. La justicia no puede seguir perdiendo el tiempo mientras casos como este esperan años para obtener una respuesta, y peor aún, mientras los responsables directos permanecen impunes.

Es urgente que el sistema judicial deje de mirar hacia adentro y comience a mirar hacia afuera, hacia una sociedad que no soporta más esta indiferencia. Porque no se trata solo de condenar a una persona culpable, sino de dar una respuesta integral, efectiva y rápida, especialmente en delitos tan aberrantes como este. De lo contrario, la justicia no solo seguirá demorando, sino que continuará siendo un mecanismo vacío, desconectado de la realidad y cada vez más distante de quienes deberían ser su verdadera prioridad.

En una provincia marcada por la crisis económica y la desigualdad, se observa una creciente brecha entre los recursos dilapidados por las grandes instituciones provinciales y las penurias que atraviesan las familias. Mientras IOSPER, CEMENER y ENERSA destinan cuantiosas sumas en pautas publicitarias y negocios que benefician a círculos de poder, muchas familias entrerrianas enfrentan una lucha diaria para acceder a servicios básicos de salud.

Una familia de Entre Ríos, que recientemente captó la atención en redes sociales, debe vender tortas asadas para poder costear una anestesia que requiere un miembro de la familia. Este contraste pone de manifiesto la desconexión entre los recursos que deberían estar orientados a garantizar derechos y el uso de fondos en campañas y acuerdos que, lejos de beneficiar a los ciudadanos, parecen apuntar a enriquecer a unos pocos.

IOSPER, CEMENER y ENERSA: Fondos Públicos y Ausencia de Transparencia

IOSPER, encargado de la obra social de los empleados públicos, junto a CEMENER y ENERSA, han sido protagonistas de diversas controversias en los últimos años por su asignación de fondos en contrataciones publicitarias y acuerdos que se han tildado de poco transparentes. Lejos de priorizar el acceso a la salud y el bienestar de la población, estas entidades parecen canalizar los recursos en estrategias políticas y comerciales que sólo aumentan el desprestigio y las quejas por parte de los ciudadanos.

Una Anestesia y la Realidad de Muchas Familias Entrerrianas

La historia de esta familia es sólo un reflejo de una situación más amplia que afecta a muchas otras en la provincia. Cada torta asada vendida es un esfuerzo por cubrir necesidades de salud que, en teoría, deberían ser satisfechas por el sistema público. Esto contrasta dolorosamente con las campañas y los acuerdos costosos que se desarrollan con fondos públicos sin un beneficio claro y directo para la población.

Un Llamado a la Responsabilidad Social y a la Prioridad de Recursos

Es urgente que los organismos responsables reconsideren la asignación de sus presupuestos y se enfoquen en responder a las verdaderas necesidades de la población, especialmente en áreas sensibles como la salud. Las familias de Entre Ríos no deberían depender de actividades de subsistencia para costear tratamientos que deberían estar garantizados.

La reciente apertura del proceso de JURY contra la jueza Josefina Etienot y su suspensión prolongada han puesto en evidencia posibles inconsistencias en el accionar del sistema judicial de Entre Ríos. Mientras Etienot enfrenta un proceso riguroso, otros magistrados con cuestionamientos similares parecen recibir un trato más indulgente, lo que sugiere una aplicación desigual de la justicia.

El caso de Josefina Etienot

Josefina Etienot, exviceintendenta de Paraná y jueza de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, fue suspendida de su cargo en septiembre de 2023 tras denuncias por presunto maltrato laboral hacia el personal de su juzgado. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) aprobó una información sumaria y resolvió denunciarla ante el Jurado de Enjuiciamiento, manteniéndola suspendida con goce de haberes mientras dure el proceso. A pesar de sus apelaciones, la suspensión se ha prolongado, y la jueza ha denunciado la creación de una "comisión especial" para tramitar su caso, señalando un trato diferenciado..

El rol de Gisela Schumacher en el caso Urribarri

En contraste, la vocal del STJ, Gisela Schumacher, cambió su voto en octubre de 2024, permitiendo que el exgobernador Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión por corrupción, eleve su caso a la Corte Suprema y dilate el cumplimiento de su condena. Este cambio de postura ha generado críticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad y coherencia en las decisiones judiciales.

El caso de Rosario Moritán

Otro ejemplo es el de la jueza de Familia Nº1 de Paraná, Rosario Moritán, quien fue denunciada en noviembre de 2023 por presunto mal desempeño y maltrato en el marco de un expediente sobre el cuidado de una persona mayor. Sin embargo, en julio de 2024, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió desestimar la denuncia y no formar causa contra ella, en un proceso que avanzó con notable celeridad, parece que cuando las victimas son personas vulnerables no genera la misma compasion que un subalterno de un juez.

El papel de la Asociación de Magistrados

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos ha mostrado un respaldo selectivo hacia sus miembros. Mientras que en casos como el de PIEROLA, MARQUEZ, Lloveras, TALEB, BARBOSA, FLORES, CARBALLO entre otros se produjo el apoyo de la asociasion civil, en el caso de Etienot no se ha evidenciado el mismo nivel de respaldo. Esta disparidad refuerza la percepción de una "doble vara" en el tratamiento de los magistrados, donde las conexiones y alianzas influyen en el trato y las decisiones.

Conclusión

Estas acciones y omisiones ponen en entredicho la credibilidad del sistema judicial entrerriano. La percepción de una justicia selectiva, influenciada por relaciones personales y políticas, socava la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia de manera equitativa y transparente. Es imperativo que el sistema judicial garantice procesos imparciales y coherentes para todos sus miembros, independientemente de sus conexiones o influencias, para restaurar la confianza en la justicia y asegurar que todos sean tratados con igualdad ante la ley.

La Caldera

En Entre Rios un Juez se inicia con el sueldo de 30 docentes.

En su emisión del pasado miércoles en el programa "Cuestión de Fondo", el periodista Daniel Enz reveló que los jueces en Entre Ríos perciben salarios que oscilan entre 10 y 15 millones de pesos mensuales. Esta información pone de manifiesto una profunda desigualdad en comparación con el resto de los empleados públicos de la provincia y suscita interrogantes sobre la eficiencia y accesibilidad del servicio de justicia.

La percepción generalizada entre los ciudadanos es que el sistema judicial entrerriano adolece de deficiencias significativas. La lentitud en los procesos, la falta de transparencia y la sensación de desconexión con las necesidades reales de la población son críticas recurrentes. En este contexto, los elevados salarios de los jueces resultan desproporcionados y generan malestar en una sociedad que no percibe una correspondencia entre la inversión en el Poder Judicial y la calidad del servicio brindado.

La disparidad salarial se vuelve aún más evidente al considerar que muchos empleados públicos, incluidos aquellos que sostienen el funcionamiento diario del sistema judicial, reciben remuneraciones considerablemente inferiores. Esta brecha no solo afecta la moral y motivación de los trabajadores, sino que también plantea dudas sobre la equidad en la distribución de los recursos provinciales.

Es imperativo que las autoridades provinciales y judiciales aborden esta problemática con seriedad. La confianza en el sistema de justicia es un pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia y el estado de derecho. Para restaurar esa confianza, es necesario garantizar que los recursos asignados al Poder Judicial se traduzcan en un servicio eficiente, transparente y accesible para todos los ciudadanos.

Enz analizo el voto de Schumacher y los salarios de los Jueces.

La revelación de Daniel Enz invita a una reflexión profunda sobre la estructura salarial y operativa del sistema judicial en Entre Ríos. Es momento de evaluar si las inversiones realizadas en este ámbito están realmente orientadas a mejorar la calidad del servicio y a satisfacer las expectativas de la sociedad entrerriana.

Desde el comienzo de su mandato, Rogelio Frigerio ha mostrado ciertas similitudes con el exgobernador Sergio Urribarri, lo cual ha captado la atención de quienes conocen la historia política reciente de Entre Ríos. Aunque ambos tienen estilos personales y contextos distintos, ciertos patrones en su forma de gobernar y proyectar su imagen recuerdan inevitablemente al "modelo Urribarri".

El estilo y la imagen: Cuando la vestimenta cuenta una historia

Uno de los primeros detalles que destacan es el enfoque de Frigerio en la imagen personal, no solo en sí mismo, sino también en su equipo de gobierno. Esta imposición de un estilo visual específico recuerda a los días de Urribarri, cuando la moda de los chupines y los botines en punta se convirtió en casi un uniforme dentro de la administración provincial. Frigerio ha replicado esta práctica, trasladando un "código de vestimenta" que pretende reflejar su identidad política y marcar una diferencia respecto a sus predecesores.

Relaciones internacionales y acuerdos diplomáticos

Otra de las similitudes entre ambos mandatarios es el interés en estrechar lazos con Israel. Durante la gobernación de Urribarri, el tambien ex embajador en Israel la vinculación con este país fue un hito en sus políticas de relaciones exteriores. Frigerio parece seguir esa misma línea, manteniendo un buen vínculo que va más allá de la diplomacia formal, aprovechando este tipo de relaciones para proyectarse en el escenario nacional y establecer puentes estratégicos de cara a posibles alianzas en el futuro.

Acuerdos y pactos internos: La influencia de Adrián Fuertes

Se rumorea que Frigerio habría llegado a ciertos acuerdos con figuras fuertes del peronismo provincial, como Adrián Fuertes, quien supuestamente habría negociado el RY y el RINI, entre otras influencias. Las coincidencias en este sentido son claras: al igual que Urribarri, Frigerio no duda en consolidar su poder mediante acuerdos internos con actores de peso, lo cual le permite mantener un respaldo en sectores estratégicos sin que estos puedan volverse en su contra en los momentos clave. Asi se especula que la no bajada de Cosso a recinto fue un acuerdo de Fuertes que la semana anterior se mostro en el Colon con Frigerio y no tiene ningun miramiento en pegar el GARROCHAZO en cualquier momento.

El rol de Julio Rodríguez Signes: La figura sombría detrás del poder

En la estructura de poder que sostiene a Frigerio, destaca la figura de Julio Rodríguez Signes, actual Fiscal de Estado, un hombre que ha acumulado múltiples cargos y ha sido objeto de varias denuncias por corrupción ante el jurado de enjuiciamiento. A pesar de las graves acusaciones y de la existencia de posibles incompatibilidades funcionales, Rodríguez Signes ha sabido mantener su influencia y posicionarse como una figura clave tanto en la era de Urribarri como en la gestión de Frigerio.

Rodríguez Signes ha sido fundamental en atraer figuras empresariales a través de proyectos estratégicos, como el desarrollo de la hidrovía y otras inversiones multimillonarias en la provincia. Su habilidad para manejar la administración pública y mantener vínculos estrechos con sectores del poder económico le ha asegurado una posición privilegiada, independientemente de las críticas y sospechas que pesan sobre él. Esta continuidad en su papel dentro de la administración evidencia la manera en que Frigerio ha heredado ciertos métodos de su predecesor, integrando figuras polémicas para asegurar una base de poder sólida y un control sobre áreas sensibles de la gestión provincial.

Negociaciones incompatibles: un inicio cuestionado en transparencia

En la época de Urribarri, la prensa destacó ciertas negociaciones que más tarde se convirtieron en el centro de prolongados procesos judiciales, alimentando la compleja relación entre política y justicia. Frigerio ha comenzado su mandato con situaciones que recuerdan este tipo de escándalos. No solo su gobierno fue rápidamente cuestionado por un allanamiento en el country donde reside, que es propiedad de empresarios asociados a ENERSA y a casos de corrupción en Entre Ríos, sino que han surgido advertencias públicas y de algunos medios sobre posibles conflictos de intereses. Por ejemplo, el ministro de Salud ha sido señalado por presuntamente tener intereses económicos en algunas de las clínicas contratadas por la administración. Además, los vínculos con figuras como Néstor Roncaglia y sus intereses particulares añaden elementos a una narrativa en la que el conflicto de intereses parece estar presente.

Estos cuestionamientos y advertencias reflejan una similitud con la época de Urribarri, donde las relaciones opacas entre funcionarios y sectores privados dieron pie a dudas sobre la integridad de la gestión. La falta de transparencia en este tipo de vinculaciones no solo representa un desafío para la administración de Frigerio, sino que deja un antecedente preocupante en cuanto a la limpieza y el cumplimiento de normas en el manejo del poder en la provincia.

Proyectos y ambiciones presidenciales: Un sueño grande

Finalmente, tanto Frigerio como Urribarri comparten una aspiración común: la presidencia de la Nación. Así como el equipo de Urribarri soñaba con un "pacto entrerriano" que impulsara a su líder al escenario nacional, hoy figuras como Colello, Del Valle y Troncoso conforman la primera línea de entusiastas que ven en Frigerio la posibilidad de un proyecto presidencial viable. La estrategia parece clara: esperar que la situación nacional se desgaste, que el electorado se canse de la falta de resultados y que, en un momento de descontento general, Frigerio aparezca como una alternativa en la llamada "ancha avenida del medio."

Más imagen, menos gestión

La comunicación es otro de los pilares en los que Frigerio se muestra similar a Urribarri. Su obsesión por los videos y la promoción de una imagen cuidada parece, a veces, relegar a segundo plano los logros concretos de la gestión. Frigerio, al igual que Urribarri en sus primeros meses, ha preferido dar prioridad a la construcción de una figura mediática, confiando en que su estilo y carisma sean suficientes para capturar el respaldo popular y dar impulso a su proyecto político a nivel nacional.

Conclusión

Los primeros 11 meses de Rogelio Frigerio en Entre Ríos han dejado en claro que, más allá de las diferencias superficiales, su estrategia política guarda fuertes similitudes con el "modelo Urribarri". Desde el estilo visual hasta los acuerdos con figuras claves, pasando por el apoyo de funcionarios cuestionados como Rodríguez Signes y la inclusión de funcionarios con aparentes conflictos de intereses, Frigerio parece seguir una fórmula que busca no solo asegurar su liderazgo provincial, sino también consolidar su proyección nacional.