En declaraciones recientes, el abogado Carlos Reggiardo, autor de varias denuncia contra funcionarios, expresó lo que considera una percepción generalizada entre la ciudadanía de Entre Ríos: “La gente está convencida de que en la justicia son todo una manga de delincuentes”. Estas afirmaciones, lejos de ser una mera provocación, reflejan una crítica profunda hacia la realidad judicial y el Honorable Jurado de Enjuiciamiento en la provincia.
“Supongo que la gente piensa que todos los magistrados son una manga de delincuentes”, continuó, aclarando que el problema no radica únicamente en los actores individuales, sino en la estructura completa. “Hay buenos, malos y regulares, pero lo que está corrompido es el sistema”, afirmó Reggiardo, señalando que el verdadero problema reside en un sistema judicial que ha perdido su capacidad de impartir justicia de manera equitativa.
Dentro de ese sistema, lo que más preocupa a la gente es el derecho penal. Los casos importantes, como los de violencia de género, abuso sexual y, sobre todo, los de corrupción, se manejan con una vara para los amigos y otra para los enemigos. Reggiardo también subrayó que el fuero de familia tiene problemas similares, donde las denuncias que involucran a personas cercanas a la estructura judicial local no reciben el mismo tratamiento que aquellas que afectan a personas de menores recursos.
El sistema judicial, según Reggiardo, aplica un excesivo punitivismo para ciertos casos, mientras que en otros “miran para otro lado”. Todo esto en una provincia que, según sus palabras, “tiene monumentos a la corrupción al paso de la fiscalía”.
Reggiardo también hizo referencia a la necesidad de discutir un nuevo Código Procesal Penal. “El que está o el que se debe discutir, pero hoy la suma del poder punitivo la tiene un funcionario que tiene muchas articulaciones políticas y tóxicas, y no las puede negar”, señaló. Este funcionario fue propuesto por el marido de la actual intendente de Paraná, algo que, según Reggiardo, “lo sabe todo el mundo y lo dice todo el mundo”.
Además, criticó los nombramientos cruzados en el sistema judicial. Mencionó ejemplos como el de Canepa, que de secretario de Romero pasó a fiscal, y el de Piérola, que siendo yerno de Romero, también pasó a fiscal. “Todos estos funcionarios entraron con el dedo. Aunque concursaron, entraron con el dedo, con un pasado dentro de estructuras políticas bien definidas”, insistió Reggiardo, denunciando que el más reciente caso es el de Maximino Ledesma, quien fue designado relator de la Procuración por una decisión de Romero en lo que calificó como “un decreto escandaloso”.
Reggiardo señaló que la justicia en Entre Ríos está sometida a constantes presiones, muchas de ellas provenientes de periodistas que cobran pauta oficial. Estos medios, según su análisis, “direccionan la opinión pública para un lado o para el otro”, transformando el debate público en un campo de batalla donde las verdades quedan eclipsadas por intereses políticos y económicos. Esto, a su vez, genera una presión directa sobre el Ministerio Público Fiscal, que, lejos de centrarse en la investigación de los hechos, parece más preocupado por su imagen en la prensa que por cumplir su rol institucional.
“Hay una crisis enorme en Entre Ríos”, advirtió, señalando que esta dinámica perversa ha llevado a una situación insostenible, donde el verdadero acceso a la justicia es cada vez más incierto. Mientras el sistema siga corrompido y manipulado por influencias externas, la confianza en las instituciones judiciales continuará decayendo, alimentando la percepción de que la justicia en la provincia está gravemente comprometida.